Andalucía busca
frenar las reválidas en la ESO y el Bachillerato
Los alumnos que
suspendan la prueba se quedarán sin título y sin más atención del Gobierno.
Si este curso la ley Wert llegó a los colegios, el próximo debería hacerlo en los institutos. El uso del condicional obedece al intento de la Junta de frenar la aplicación de la polémica Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en las enseñanzas medias. Aunque el consejero de Educación, Luciano Alonso, justifica la petición de un año de prórroga en la falta de tiempo para elaborar y aprobar una norma autonómica que desarrolle el decreto estatal para la ESO y el Bachillerato, a pocos escapa que la intención del Ejecutivo andaluz es evitar en la medida de lo posible poner en marcha una reforma educativa que trae consigo las reválidas al final de cada etapa, unas pruebas que, al margen de resultar imprescindibles superarlas para obtener el título y continuar la formación deseada por el alumno, resta competencias educativas a las autonomías al estar en manos del Estado.
El mismo artículo incluye un párrafo que es el que ha abierto la brecha -sin tener en cuenta las cuestiones ideológicas- entre el Estado y las autonomías (principalmente las gobernadas por un partido distinto al PP). En él se determina que "el Ministerio de Educación establecerá para todo el sistema educativo los criterios de evaluación y las características de las pruebas, y las diseñará y fijará su contenido por cada convocatoria". Dicho control sobre la evaluación final podría ser insignificante si en los siguientes artículos no se estableciera que para que el alumno promocione y para que obtenga el título correspondiente, ya sea el de Secundaria o el de Bachillerato, es necesario superar esta prueba, cuya nota tiene en la ESO un peso del 30% frente al 70% de la media de las calificaciones de las materias cursadas y un 40% en la etapa preuniversitaria.
El resultado académico del alumno, por tanto, queda totalmente condicionado a la superación de esta prueba cuyo control es del Estado. Si ahora se logra el título y se promocionaba con el aprobado de las asignaturas, más adelante resultará imprescindible superar una evaluación cuyo contenido será idéntico para un alumno de Barcelona que para un sevillano. Varios expertos en educación consultados por este periódico han incidido en que el fin del Ministerio que dirige José Ignacio Wert es homologar la educación en todo el territorio español y reducir, de este modo, las diferencias en cuanto a contenidos entre los 17 sistemas de enseñanza que existen en el país, uno por cada comunidad.
Al margen del debate político, no han sidos pocos los docentes y sindicatos que se han opuesto no ya sólo a la evaluación final, sino a una ley que configura la enseñanza para la citada prueba, por lo puede parecer que deja en el olvido logros tan importantes como la superación del alumno en esos años en función de su capacidad y la diversidad. Fuera de la polémica por posicionarse a favor o en contra de las reválidas, hay un aspecto que la ley Wert no soluciona y que deja en términos poco precisos. Se trata de los estudiantes que no superen la evaluación final. El decreto aprobado recientemente sólo dice, respecto a la Secundaria, que los alumnos que no consigan el título recibirán una certificación oficial con validez para toda España, mientras que deja en manos de las comunidades "las medidas de atención personalizada" para dichos estudiantes.
Son los pros y contras de una reválida que homologa la educación en toda España -fin anhelado por muchos profesionales desde hace tiempo- pero que puede dejar en un callejón sin salida a numerosos jóvenes. Habrá que esperar a la norma andaluza que desarrolle la Lomce para conocer qué pasará con ellos.
